2-7718-Gobierno

Introducción

Los gobiernos del siglo XXI fortalecen sus políticas públicas y modernizan sus infraestructuras para responder a los acelerados avances tecnológicos y a las nuevas demandas de la ciudadanía, lo que convierte al gobierno digital en un eje de la modernización administrativa y de la construcción del Estado de derecho (Wang et al., 2023; Rodríguez-Román, 2021). El gobierno digital se entiende como un modelo de gestión que incorpora de manera sistemática tecnologías digitales para mejorar la eficiencia administrativa, la transparencia y la capacidad de respuesta del Estado, así como para ampliar los canales de participación ciudadana, de acuerdo con los marcos propuestos por organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Organización de las Naciones Unidas (OCDE, 2019; ONU, 2024). En este contexto, el problema que orienta este estudio radica en la tensión entre el discurso de modernización digital de la gestión pública y las limitaciones reales que enfrentan los gobiernos locales para materializar procesos de participación ciudadana significativos en entornos digitales.

En América Latina, el despliegue del gobierno digital ha estado asociado al modelo de sociedad del conocimiento, caracterizado por un uso intensivo de las tecnologías de la información para promover la integración digital, mejorar el acceso a los servicios y perfeccionar la gestión de la administración pública (Rodríguez-Román, 2021). Países como Uruguay, Chile, Brasil, Colombia, México, Argentina, Ecuador, Perú, Costa Rica y Paraguay han avanzado en la digitalización de trámites, la gestión de la transparencia y la apertura de canales de participación ciudadana a través de plataformas y servicios digitales, aunque persisten desafíos como la brecha digital, la ciberseguridad y la accesibilidad efectiva a los servicios por parte de la ciudadanía.

Uruguay, por ejemplo, se ubica en los primeros lugares de los índices regionales de gobierno digital a partir del trabajo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento, mientras que Chile ha impulsado el programa “Transformación Digital del Estado” y Brasil ha articulado sus servicios digitales a través de la plataforma gov.br, orientada a centralizar trámites y fortalecer la transparencia. México, por su parte, implementó la Estrategia Digital Nacional, centrada en la interoperabilidad de sistemas, los servicios electrónicos y la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas.

En el contexto ecuatoriano, el Plan de Acción de Gobierno Abierto, elaborado conjuntamente por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y la Fundación Datalat, busca fortalecer la transparencia en el acceso a la información y promover mecanismos participativos apoyados en herramientas digitales. Como parte de este proceso, se adoptó el compromiso “E-participa”, orientado a mejorar la participación ciudadana digital mediante la implementación de mecanismos para el acceso a la información, la consulta pública y la toma de decisiones en entornos virtuales, así como acciones para mejorar la interoperabilidad de sistemas, la gestión de datos abiertos y la co-creación de políticas públicas con la ciudadanía. Estos desarrollos configuran un marco normativo y político que reconoce la centralidad de la participación ciudadana y la gobernanza abierta en la gestión pública, pero abren al mismo tiempo interrogantes sobre su efectividad en los niveles subnacionales, donde las capacidades institucionales, la infraestructura tecnológica y las culturas organizacionales son heterogéneas.

Desde esta perspectiva, se identifica un vacío de conocimiento en torno al modo en que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales de Manabí traducen las políticas de gobierno digital y gobierno abierto en prácticas concretas de participación ciudadana en línea. Aunque la literatura internacional y regional ofrece marcos conceptuales y evidencias sobre gobierno digital, participación ciudadana digital y herramientas tecnológicas para la implicación de la ciudadanía, los estudios empíricos centrados en gobiernos locales de contextos específicos como Manabí son escasos y fragmentarios. Esta brecha limita la comprensión de cómo se articulan las dimensiones de presencia, interacción y transacción del gobierno digital con los niveles informativo, consultivo, resolutivo y contralor de la participación ciudadana, así como de los factores tecnológicos, organizacionales y sociopolíticos que condicionan estos procesos.

El estudio se justifica teóricamente porque aporta evidencia empírica sobre la relación entre gobierno digital y participación ciudadana en el ámbito de los gobiernos locales, contribuyendo a la discusión disciplinar sobre gobernanza digital y democracia participativa. En el plano práctico, los resultados pueden orientar el diseño y ajuste de políticas públicas, estrategias de modernización administrativa y programas de fortalecimiento institucional en los GAD cantonales, especialmente en lo relativo a la gestión de portales web, la atención digital y la incorporación de mecanismos de participación en línea. Desde una perspectiva social y jurídica, el análisis reviste importancia porque se vincula con la efectividad de derechos como el acceso a la información, la participación en los asuntos públicos y el control social sobre la administración, en consonancia con los principios de Estado abierto y con el rol que la Constitución y la normativa de participación ciudadana asignan a los GAD como espacios clave de gestión pública y proximidad con la ciudadanía.

En este marco, el objeto de estudio se delimita a la situación del gobierno digital en los Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales de Manabí y su incidencia en los niveles informativo, consultivo, resolutivo e implicativo de la participación ciudadana digital. El estudio se guía por la siguiente pregunta de investigación: ¿en qué medida el gobierno digital implementado por los Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales de Manabí favorece los niveles informativo, consultivo, resolutivo e implicativo de la participación ciudadana? Sobre esta base, el objetivo general consiste en diagnosticar el estado del gobierno digital en los gobiernos autónomos descentralizados cantonales de la provincia de Manabí desde la perspectiva de la participación ciudadana digital. Los objetivos específicos son: a) caracterizar la infraestructura tecnológica y los mecanismos digitales de participación existentes en los GAD cantonales de Manabí; b) identificar el grado de utilización de estos mecanismos en los niveles informativo, consultivo, resolutivo e implicativo; c) analizar las principales barreras tecnológicas, organizacionales y sociopolíticas que limitan la participación ciudadana digital en estos gobiernos locales; y d) proponer recomendaciones orientadas a fortalecer la gobernanza digital local y a consolidar una participación ciudadana más inclusiva, efectiva y vinculante.

Metodología

La investigación adoptó un enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo y exploratorio, desarrollado bajo un diseño no experimental y de corte transversal, en tanto se analizaron las percepciones de los informantes en un único momento temporal, sin manipulación de variables. El propósito metodológico fue diagnosticar el estado del gobierno digital y los niveles de participación ciudadana digital en los Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales (GADCs) de la provincia de Manabí, a partir de la aplicación de un cuestionario estructurado dirigido a actores clave de la gestión de participación ciudadana.

La población de estudio estuvo conformada por los 22 GADCs de la provincia de Manabí. Se trabajó con un muestreo no probabilístico por conveniencia, seleccionando como informantes a los responsables de los departamentos o unidades de participación ciudadana de cada GADC, entre ellos directores, coordinadores y especialistas vinculados directamente con la gestión participativa y el uso de herramientas digitales. Se incluyeron funcionarios con responsabilidad formal en procesos de participación ciudadana y se excluyeron aquellos que no desempeñaban funciones en esta área. La muestra coincidió con la totalidad de la población objetivo, obteniéndose 22 cuestionarios válidos, uno por cada institución, lo que representó el 100% de los GADCs cantonales de la provincia.

Como técnica principal de recolección de información se utilizó una encuesta estructurada, aplicada en formato digital. El instrumento se basó en un cuestionario previamente validado en Delgado (2023) y se organizó en dos bloques: una sección de datos sociodemográficos e institucionales (sexo, cargo, especialidad, tipo de GADC) y una sección de ítems cerrados relativos a las variables Gobierno Digital y Participación Ciudadana Digital. La escala de respuesta fue tipo Likert de cinco puntos, con opciones que oscilaron desde “totalmente en desacuerdo” (1) hasta “totalmente de acuerdo” (5).

El cuestionario contempló indicadores y categorías para dos variables principales. La variable Gobierno Digital se operacionalizó en tres dimensiones: Presencia (disponibilidad, actualización y transparencia de la información en los portales institucionales), Interacción (existencia y efectividad de canales digitales de comunicación, así como atención a las consultas en línea) y Transacción (posibilidad de realizar trámites y pagos en línea, percepción de seguridad y privacidad en los servicios digitales). La variable Participación Ciudadana Digital se estructuró con base en las dimensiones propuestas por Bonnefoy, integrando la participación a través de la ejecución dentro de la dimensión resolutiva: Dimensión 1, Informativa; Dimensión 2, Consultiva y Propositiva; Dimensión 3, Resolutiva (incluida la ejecución); y Dimensión 4, Contralora. Cada dimensión se midió mediante ítems específicos que fueron posteriormente agrupados para su análisis en tablas de frecuencia y medidas de tendencia central.

Para el tratamiento de los datos se empleó estadística descriptiva, calculando frecuencias, porcentajes, medias y modas para cada ítem y para cada dimensión de las variables analizadas. Los resultados se presentaron en tablas que sintetizaron la valoración de los encuestados sobre la presencia, interacción y transacción del gobierno digital, así como sobre los niveles informativo, consultivo y propositivo, resolutivo y contralor de la participación ciudadana digital. A partir de estos valores, se realizó una interpretación analítica que permitió identificar patrones, fortalezas y debilidades en la implementación del gobierno digital y en la participación ciudadana en los GADCs de Manabí, articulando los hallazgos empíricos con el marco teórico desarrollado en el artículo.

En cuanto a las consideraciones éticas, la participación de los informantes fue voluntaria y se obtuvo su consentimiento al inicio de la aplicación del cuestionario, informándoles sobre los objetivos del estudio, el uso académico de la información y la confidencialidad de las respuestas. Los datos fueron tratados de forma anónima, codificando a los GADCs y a los participantes para evitar su identificación en la presentación de los resultados. Asimismo, se respetaron los principios de integridad académica y se procuró el uso responsable de la información generada, en concordancia con las normativas institucionales sobre investigación.

Resultados

1. Gobierno digital

El gobierno digital consiste en la adopción de tecnologías digitales dentro de los planes de modernización de las administraciones públicas, con el fin de agregar valor a la ciudadanía. El gobierno digital se apoya en un ecosistema digital de gobierno definido por entidades estatales, Organismos no Gubernamentales (ONG), empresas, grupos de ciudadanía y personas responsables de la producción y accesibilidad de datos, servicios y contenido, como resultado de las interacciones con las administraciones (OCDE, 2014, citado en Naser, 2021).

El gobierno digital se está configurando como el eje de la modernización de los sistemas de administración pública al generar valor público mediante tecnologías digitales. Esto afecta tanto la manera en que los órganos de gobierno interactúan con los ciudadanos, como el papel que desempeñan otros actores públicos y privados, en el acceso equitativo a la información y los servicios.

Al integrar a éstos en una red de información compartida, el gobierno digital promueve la transparencia, la eficiencia y una toma de decisiones más inclusiva. De acuerdo con Ravselj et al., (2022) el modelo de Gobernanza de la Era Digital (GED), el cual alude a la participación ciudadana y los servicios inteligentes, ha evolucionado desde aquellos servicios tradicionales de administración pública a servicios públicos orientados a la ciudadanía y finalmente a servicios inteligentes. El gobierno digital supone ser un nuevo camino que trata de aprovechar eficientemente la gestión pública a través de las tecnologías de la información de carácter innovador y con sistemas de los servicios gubernamentales interconectados en línea (Liu, 2022).

Para una gestión digital eficiente, es necesario contar con un modelo de gobernanza que articule a todos los actores involucrados, establezca normas, recursos y conexiones, que permita la aplicación concreta de estrategias y proyectos digitales (ONU,2024). Como se muestra en la tabla 1, la Organización de Naciones Unidas (ONU) establece seis dimensiones fundamentales dentro del marco de políticas para un gobierno digital, tal como se exponen a continuación:

Las seis dimensiones presentadas en la tabla proporcionan un marco integral para la construcción de un gobierno digital eficaz, que no solo se enfoca en la digitalización de servicios, sino también en la mejora continua de la relación entre los gobiernos y los ciudadanos. La implementación de estos principios puede transformar los procesos públicos, garantizando mayor transparencia, eficiencia, accesibilidad y participación ciudadana. Cada una de estas dimensiones tiene un impacto significativo en el desarrollo de políticas públicas que responden a las necesidades actuales y futuras de la sociedad digital.

Tabla 1: Gobierno Digital

Dimensiones	Características
Digital por diseño	Uso y optimización de las tecnologías digitales para reconsiderar y mejorar los procesos gubernamentales, facilitar los trámites y establecer nuevas vías de comunicación y participación ciudadana.
Impulsado por los datos	Trata la información como un recurso crucial y crea los sistemas para su gobernanza, acceso, intercambio y reutilización, con el fin de potenciar la toma de decisiones y la entrega de servicios.
Funciona como plataforma	Ofrece una variedad de recursos, directrices y servicios para ayudar a los grupos a enfocarse en las necesidades de los usuarios al diseñar y proporcionar servicios públicos.
Abierto por defecto	Accesibilidad al público de los datos gubernamentales y los procesos de elaboración de políticas, incluyendo los algoritmos, dentro de los límites de la ley vigente y considerando el interés público y nacional.
Dirigido por el usuario	Otorga un enfoque principal a las exigencias y la conveniencia de las personas en la estructuración de procesos, servicios y políticas; y al implementar métodos inclusivos que posibilitan este enfoque.
Proactivo	Se prevén las demandas de los ciudadanos y se tiene la capacidad de reaccionar velozmente a ellas, facilitando la conexión con los usuarios y eliminando la necesidad de trámites burocráticos y complicados.

Nota: elaboración propia con base en OCDE. (2019). Digital Government Index: 2019 results. https://www.oecd.org/gov/digital-government-index-4de9f5bb-en.htm

2. Participación ciudadana digital

Desde la década de 1970, diversos académicos y líderes de pensamiento comenzaron a reconocer que la democracia representativa, en ciertas regiones, empezaba a adoptar estructuras menos verticales, dando paso a la noción de democracia participativa. Entre los pensadores más destacados que fomentaron esta visión se destacan McPherson, Pateman, Habermas, De Sousa Santos, y otros. Si bien este concepto no era totalmente original, dado que naciones como Suiza había puesto en práctica métodos de participación de los ciudadanos desde sus comienzos, la democracia contemporánea solía otorgar al ciudadano, de manera general, un rol más enfocado en la votación de líderes, en lugar de integrarlo en el proceso conjunto de elaboración de decisiones públicas.

Siguiendo la idea de conciliación entre poder institucional representativo y participación ciudadana, se puede definir la democracia participativa como un: “[…] sistema democrático de gobierno que, para resolver los problemas de la vida social, en cada uno de los niveles, es capaz de integrar de manera efectiva el poder institucional representativo y la mayor participación ciudadana posible” (Ganuza y Álvarez, 2003, p. 18).

La participación ciudadana digital desempeña un papel importante en el avance de la sostenibilidad social y la creación de ciudades inteligentes más que humanas (Bouzguenda, 2019). En el contexto de las nuevas tecnologías, la participación ciudadana ha evolucionado más allá de los tradicionales procesos electorales. La digitalización ha favorecido un mayor acceso a Internet, lo que ha permitido la creación de diversas iniciativas, tanto gubernamentales como autónomas, que fomentan la implicación de los ciudadanos en temas de interés colectivo y público (Camargo y Magnoni, 2020).

De acuerdo al análisis de Bonnefoy (como se citó en Delgado, 2023) plantea los cinco niveles fundamentales de participación ciudadana:

a) Participación informativa: Este nivel asegura dar continuidad, seguridad y flujo a la comunicación entre los ciudadanos y a las autoridades, proporcionando el acceso a la información y generando transparencia, de tal manera que permite a los ciudadanos conocer las políticas que los atañen a nivel nacional; constituye un proceso, que a su vez admite a los ciudadanos relacionarse al constituirse en alianzas; ratificando que tanto las instituciones como la ciudadanía podamos expresarle nuestros objetivos y nuestras necesidades.

b) Participación consultiva y propositiva: En este nivel, los ciudadanos tienen la oportunidad de asesorar sobre los temas que requieren aportaciones de carácter público, convirtiéndose las sugerencias de la ciudadanía en un proceso que se consuma de forma efectiva y transparente, al responder a los intereses colectivos.

c) Participación resolutiva: Este último nivel permite a los ciudadanos tomar decisiones vinculantes, las cuales son y deben ser seguidas por las autoridades, como procesos de elecciones, plebiscitos o referéndums.

d) Participación a través de la ejecución: en este caso, los ciudadanos participan directamente de la gestión pública en la ejecución de proyectos públicos o en la administración de servicios públicos, incluyendo incluso la aportación de recursos económicos o humanos para colaborar con las instituciones estatales en el desarrollo de servicios públicos e infraestructuras.

e) Participación contralora: este nivel indica que la ciudadanía a de mantener un cierto control sobre la transparencia de la gestión pública a través de mecanismos como el acceso a la información pública o la intervención en el caso de detectar errores o abusos en el manejo de los recursos.

Pese a que Bonnefoy añade en las dimeniones la participación por medio de la ejecución, en esta investigación se consideró oportuno incluirla dentro de la dimensión resolutiva, ya que ambas dimensiones hacen referencia a la participación activa en la gestión pública mediante la implementación de proyectos o la toma de decisiones vinculantes.

El marco de Bonnefoy al reflejar cinco niveles de participación ciudadana permite entender que ésta no se encuentra así limitada a la consulta, sino que se dispone a lo largo ir enlazando desde la toma de decisiones vinculantes a la vigilancia y control de la gestión pública, ayudando a reflexionar sobre la necesidad de construir un espacio digital en el que la ciudadanía no sólo reciba información sino que también sea capaz de proponer, de ejecutar y de vigilar políticas públicas.

De esa manera, el creciente uso de herramientas de participación ciudadana digital no solo permite la construcción de una democracia más robusta, sino que además se convierte en un motor emergente del desarrollo social y del bienestar, lo que a su vez produce un gobierno más participativo e inclusivo y una administración pública más moderna y transparente.

3. Normativa y acciones en el contexto ecuatoriano de gobierno digital y ciudadanía en los GADs

En el contexto ecuatoriano, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) tienen un gran protagonismo en la implementación de las políticas de gobierno digital, ya que se han convertido en el órgano de gestión de la administración pública más próximo a los ciudadanos, sobre todo en lo que se refiere a la posibilidad de llevar a término estrategias digitales que pretendan mejorar la eficacia, la transparencia y la facilidad de acceso de los servicios en su seno, siempre cumpliendo con el marco legal regulatorio ecuatoriano.

El artículo 240 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce la autonomía frente a la función administrativa, por tanto, los GADs, en definitiva, son expresión de autonomía y, por ende, juegan un papel fundamental en la gestión pública local. Lo expuesto, implica considerar la participación ciudadana y la gobernabilidad en sus dos sentidos como ejes de la gestión pública. En términos de la gestión pública se asienta, por tanto, un espacio propicio para la puesta en práctica de las estrategias de gobierno digital donde, además, la participación digital es parte consustancial del proceso de gobernanza.

En cuanto a regulaciones específicas, la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de 2011 es un pilar esencial, ya que define los fundamentos para la implicación activa de los ciudadanos en los procesos decisionales, promoviendo la responsabilidad y la supervisión social. En este sentido, los GADs cantonales están obligados a promover la participación activa de la ciudadanía a través de espacios de consulta, asambleas y otros mecanismos que se complementan con las tecnologías digitales, mediante plataformas online para la consulta pública y el acceso a información sobre la gestión de recursos o proyectos donde la ciudadanía participa mucho más en los procesos de gobernanza local.

Por otra parte, la Estrategia Nacional de Gobierno Digital, promovida por el gobierno central, se ha fijado para los GADs pautas orientadoras a la digitalización de los procesos administrativos y a la creación de plataformas electrónicas que simplifiquen el acceso a los servicios públicos. Estas iniciativas buscan transformar la administración pública en un espacio más rápido, eficiente, de fácil acceso para las personas, y han sido adoptadas por varios niveles de gobierno para mejorar la relación con la ciudadanía, a partir de sistemas que permiten llevar a cabo y gestionar trámites digitales.

En relación a la participación ciudadana, los GADs han podido activar mecanismos digitales como portafolios y/o aplicaciones web que permiten a la ciudadanía expresar sus criterios; hacer llegar sus inquietudes o acudir a consultas públicas de una forma más inmediata, eficaz, entre otros. Ejemplo de esto, son las plataformas “Gobierno Abierto” y “Participación Digital” adoptadas en ciertos cantones que facilita flujo de comunicación entre autoridades y ciudadanía (Solorzano,2021).

Según el portal de Estado Abierto Ecuador (2024) el concepto de Gobierno Abierto nace de la necesidad de fortalecer la participación ciudadana en los asuntos públicos, buscando que los gobiernos sean más transparentes, responsables y eficientes. Esta línea de actuación sugiere un nuevo modelo de gobernanza, en el que la participación activa de la ciudadanía y la práctica de un gobierno más próximo y más público son partes fundamentales. Para poder llevarse a cabo, evidenciaría la necesidad de un papel activo de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones y a la resolución de los problemas públicos, así como de una administración pública de carácter abierto, que abre oportunidades para la participación activa. Dichos mecanismos digitales también permiten garantizar una retroalimentación continua que permita a la ciudadanía evaluar la calidad de los servicios públicos y proponer las mejoras en los procedimientos administrativos.

Por otra parte, la Fundación Datalat (2024), actuando como entidad de la sociedad civil dedicada a fomentar la democracia, la transparencia, la involucración ciudadana, un gobierno abierto y los derechos digitales, ha desempeñado un papel crucial en el fortalecimiento de tres compromisos esenciales, tal como se expone en la Tabla 2.

Tabla 2: Compromisos de acción de Gobierno Abierto

Fortalecimiento de GAD cantonales en gobierno abierto e innovación pública:

Portal Nacional de Transparencia:

E-participa / Fortalecimiento de la participación ciudadana digital:

Acta de compromiso 5 del 2do Plan de Acción de Gobierno Abierto, firmada entre la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) y la Fundación Datalat.

Objetivo: Reforzar las capacidades técnicas y de recursos en los GAD cantonales para implementar estrategias de gobierno abierto e innovación pública a nivel nacional.

Acta de compromiso 6 del 2do Plan de Acción de Gobierno Abierto, firmada entre la Defensoría del Pueblo de Ecuador, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y la Fundación Datalat.

Objetivo: Unificar y mejorar el reporte, monitoreo y visualización de la transparencia activa y pasiva, fomentando las mejores prácticas en este ámbito.

Acta de compromiso 13 del 2do. Plan de Acción de Gobierno Abierto, firmada entre el Ministerio de Telecomunicaciones de Ecuador y la Fundación Datalat.

Objetivo: Promover la participación ciudadana en un entorno digital mediante la emisión de una política de participación e involucramiento ciudadano

Nota: Elaboración propia a partir de los datos de Datalat (2024)

De acuerdo a la tabla 2, los compromisos del Gobierno Abierto reflejan importantes avances hacia un Ecuador más accesible, transparente y participativo; sin embargo, aún persisten desafíos relevantes en la implementación del Gobierno Digital en los GADCs, como la desigualdad que existe en el acceso a la tecnología en las zonas rurales o la escasa formación de los servidores locales (Quilismal y Quiroz, 2023). Para poder eludir las barreras que se presentan, se debe invertir en infraestructura digital y en formación continua de los servidores de los GADCs, para que de dicho modo, las políticas de gobierno digital sean adecuadas, se garantice una participación ciudadana real y transparente en todos los niveles de la administración pública local.

Discusión

Como parte del diagnóstico, se establece en la tabla 3 los resultados de la encuesta aplicada a los 22 responsables de los GADCs de la provincia de Manabí.

Tabla 3: Gobierno digital

Categoría	Pregunta	Totalmente desacuerdo (1)	En desacuerdo (2)	Neutral (3)	De acuerdo (4)	Totalmente de acuerdo (5)	Med	Mo
Presencia	1. El portal web del GADC contiene información actualizada sobre trámites y servicios públicos.	9.1%	9.1%	18.2%	31.8%	31.8%	3.681	4, 5
	2. Se encuentra fácilmente información sobre proyectos, presupuestos y gestión en línea.	9.1%	9.1%	18.2%	40.9%	22.7%	3.59	4
	3. La página web del GADC cumple con los principios de transparencia y acceso a la información pública.	4.5%	4.5%	27.3%	31.8%	31.8%	3.816	4, 5
	Se publican boletines informativos digitales con novedades y gestiones del GADC.	4.5%	4.5%	31.8%	31.8%	27.3%	3.726	3, 4
Interacción	5. Existen canales de comunicación digital (chat en línea, redes sociales, correo electrónico) efectivos para contactar con el GADC.	4.8%	9.5%	14.3%	38.1%	33.3%	3.856	4
	6. Son atendidas las consultas digitales realizadas al GADC, en forma oportuna.	9.1%	4.5%	40.9%	36.4%	9.1%	3.319	3
	7. Se realizan solicitudes o reclamos a través de plataformas digitales sin necesidad de acudir presencialmente.	9.1%	9.1%	31.8%	31.8%	18.2%	3.409	3, 4
	8. El GADC utiliza adecuadamente las plataformas digitales para interactuar con los ciudadanos.	4.5%	18.2%	27.3%	22.7%	27.3%	3.501	3, 5

	9. Se accede a trámites cantonales a través de plataformas digitales sin inconvenientes.	4.5%	4.5%	31.8%	40.9%	18.2%	3.635	4
Transacción	10. Los servicios en línea del GADC permiten completar procesos sin necesidad de acudir físicamente a la institución.	4.5%	9.1%	31.8%	31.8%	22.7%	3.588	3, 4
	11. Genera confianza la seguridad y privacidad de los trámites digitales del GADC.	4.8%	0.0%	33.3%	38.1%	23.8%	3.761	4
	12. Existe un sistema de pago en línea para trámites cantonales amigables con el usuario.	4.5%	13 .6%	22.7%	40.9%	18.2%	3.544	4

Nota: Datos tomados de la encuesta aplicada por los investigadores.

En el diagnóstico realizado sobre la implementación del gobierno digital en los GADCs de Manabí, se evaluaron tres dimensiones: presencia, interacción y transacción. En la dimensión de presencia, se evidencia una valoración moderadamente positiva por parte de los encuestados, ya que, un 63.6% de los servidores se inclinan en sentido positivo o totalmente positivo a que la página web de su GADC incluye información actualizada sobre trámites y los servicios públicos, con una media que alcanza un 3.816.

En el ámbito de la interacción, el indicador mejor considerado está relacionado con el empleo de canales digitales de comunicación eficaces, siendo esta de 3.86; le sigue el indicador correspondiente a la percepción sobre la utilización adecuada de las plataformas digitales y la interacción con la ciudadanía con un promedio de 3.50. A pesar de ésto se aprecia una escasa satisfacción en lo que respecta a la oportunidad de respuesta de los GADCs a las consultas realizadas digitalmente, siendo esa media de 3.32, lo cual evidencia las carencias observadas en la atención ciudadana online.

En lo relacionado a la dimensión de la transacción, los encuestados más bien se muestran favorablemente contentos por realizar las búsquedas de los trámites cantonales mediante Internet (media 3.63) y por percibir en éstos una seguridad y una privacidad positiva (media 3.76); sin embargo, aspectos como la facilidad de uso de los sistemas de pago por Internet (media 3.54) y la capacidad del ciudadano de poder terminar los procesos sin tener que desplazarse (media 3.59) todavía tienen margen de mejora.

En la tabla 4 se muestran los resultados de la dimensión Participación Ciudadana, así: Dimensión 1: Informativa; Dimensión 2: Consultiva y Propositiva; Dimensión 3: Resolutiva; Dimensión 4: Contralora.

Tabla 4. Participación Ciudadana

Categoría	Pregunta	Totalmente desacuerdo (1)	En desacuerdo (2)	Neutral (3)	De acuerdo (4)	Totalmente de acuerdo (5)	Med	Mo
Participación informativa	13. En el GADC se realizan foros o espacios de discusión sobre problemáticas comunales.	4.5%	4.5%	31.8%	40.9%	18.2%	3.59	4
	14. Se promueven organizaciones cantonales que faciliten la participación ciudadana.	13.6%	4.5%	31.8%	27.3%	27.3%	3.499	3
	15. Existen mecanismos de comunicación eficaces para que los ciudadanos conozcan sus derechos y responsabilidades.	13.6%	9.1%	22.7%	36.4%	18.2%	3.351	4
	16. Se realizan charlas o capacitaciones periódicas sobre participación ciudadana.	4.5%	13.6%	22.7%	22.7%	36.4%	3.731	5
	17. Se informa oportunamente sobre políticas y decisiones que afectan a la comunidad.	4.5%	18.2%	13.6%	31.8%	31.8%	3.681	4, 5
Participación resolutiva	18. Existen espacios donde los ciudadanos puedan tomar decisiones vinculantes en la gestión del GADC.	9.1%	4.5%	22.7%	36.4%	27.3%	3.681	4
	19. Se promueve la participación de la ciudadanía en la ejecución de proyectos cantonales.	9.1%	4.5%	22.7%	31.8%	31.8%	3.727	4, 5
	20. Existen mecanismos de control ciudadano sobre la ejecución de presupuestos y proyectos.	9.1%	4.5%	27.3%	40.9%	22.7%	3.59	4

	21. La ciudadanía tiene acceso a informes sobre la implementación de políticas cantonales.	9.1%	9.1%	22.7%	31.8%	27.3%	3.59	4
	22. Se incentiva la participación ciudadana en la supervisión de servicios cantonales.	9.1%	4.5%	22.7%	40.9%	22.7%	3.59	4
Participación consultiva y propositiva	23. Se implementan consultas ciudadanas sobre decisiones relevantes del GADC.	9.1%	9.1%	18.2%	36.4%	27.3%	3.636	4
	24. El GADC dispone de plataformas digitales para recibir sugerencias y propuestas de la ciudadanía.	13.6%	4.5%	18.2%	45.5%	18.2%	3.501	4
	25. Se toman en cuenta las propuestas de la ciudadanía en la planificación del GADC.	13.6%	9.1%	22.7%	22.7%	31.8%	3.499	5
	26. Se brinda retroalimentación a los ciudadanos sobre el impacto de sus propuestas en la toma de decisiones.	13.6%	9.1%	18.2%	45.5%	13.6%	3.364	4
	27. Se fomenta la co-creación de políticas públicas con la participación de ciudadanos y servidores.	13.6%	9.1%	18.2%	45.5%	13.6%	3.364	4
Contralora	28. Se delega funciones a un representante para controlar la gestión del GADC.	9.1%	4.5%	27.3%	50.0%	9.1%	3.544	4
	29. Se delega funciones a un consejo social para controlar la gestión del GADC.	9.1%	4.5%	27.3%	45.5%	13.6%	3.499	4
	30. Se permite la inspección de alguna obra ejecutada por el GADC	22.7%	4.5%	9.1%	40.9%	22.7%	3.364	4
	31. Se accede a verificar alguna actividad del GADC por medios web	18.2%	9.1%	9.1%	50.0%	18.2%	3.456	4
	32. Se mantiene publicada toda la información de los procesos contractuales que permitan realizar un seguimiento en todas sus fases, por medios virtuales, hasta su cumplimiento total	13.6%	9.1%	22.7%	40.9%	13.6%	3.319	4

Nota: Datos tomados de la encuesta aplicada por los investigadores.

Los datos revelan que la participación ciudadana informativa es uno de los ámbitos con mejor desempeño. La realización de charlas y capacitaciones periódicas presenta una media destacada (3.73), y se reconoce una comunicación oportuna sobre decisiones cantonales (media 3.68). Al respecto hay menor consenso sobre la existencia de herramientas necesarias y eficaces para que los ciudadanos puedan identificar, de forma más autónoma, sus derechos (media 3.35).

En el ámbito de la participación consultiva y propositiva, las consultas ciudadanas (media 3.63) y la utilización de plataformas digitales para recoger propuestas (media 3.50) son particularmente bien valoradas. Ahora, la aplicación de mecanismos para retroalimentar a la ciudadanía sobre el impacto que han tenido las propuestas que se hayan realizado (media 3.36), así como para la co-creación de políticas públicas junto a la ciudadanía (también escala 3.36) obtienen calificaciones más bajas, señalando un ínfimo nivel de integración de la ciudadanía en la toma de decisiones.

En la dimensión de participación resolutiva, los encuestados perciben que hay espacios de ciudadanía para ejercer influencia en la gestión pública (media 3.68) e influir en la ejecución de proyectos (media 3.73); no obstante, los mecanismos de rendición de cuentas y los informes todavía están en un estadio de desarrollo limitado.

Por último, la participación contralora tiene resultados intermedio, aunque se reconoce la existencia de mecanismos como el de delegar a representantes o el de los consejos sociales (medias de 3.54 y 3.49, respectivamente),el uso de las herramientas digitales para el seguimiento y control de obras y actividades cantonales continúa siendo de escasa demanda, obteniendo las respectivas medias más bajas (media más baja: 3.31).

De acuerdo con los resultados, la participación ciudadana es indispensable para poder establecer una interacción entre el gobierno y la población en un entorno digitalizado. Como subraya Boiko (2023), las colaboraciones y el desarrollo de habilidades digitales son importantes para reunir condiciones que faciliten una participación ciudadana más eficaz. Por ello, es fundamental la mejora de la infraestructura tecnológica existente en cada cantón, recurso que influye en las formas de actuar de la ciudadanía en los GADCs de Manabí.

En este estudio, se observa una productividad inicial de plataformas digitales con finalidad informativa y transaccional, quedando también ciertos retos con relación a la interactividad, retroalimentación y control ciudadano. En este contexto, según Fan y Liu (2025) las barreras existentes para la participación ciudadana en la gobernanza digital son las limitaciones tecnológicas, las preocupaciones de seguridad, privacidad de personas, organizaciones, la falta de inclusividad y la desconfianza en las plataformas digitales.

Uno de los más importantes resultados determina la distancia que existe entre el diseño técnico de las plataformas y el uso efectivo que de ellas hacen ciudadanos y servidores. Es así como, Shin et al., (2024) mencionan que las herramientas digitales de participación ciudadana proporcionan un mejor flujo de información de los ciudadanos hacia los gobiernos, pero aun así carecen de información de responsabilidad de las decisiones políticas.

Por otro lado, el modelo de participación ciudadana privilegia los niveles informativos y de consulta; en cambio, los niveles decisorios y contralores, son claves para un funcionamiento efectivo de una democracia participativa, sin embargo, han presentado niveles de ejecución más bajos. El patrón descrito coincide con investigaciones previas en la región andina, donde la participación ciudadana digital ha tendido hacia la participación consultiva y propositiva, pero no hacia la formalización de mecanismos vinculantes o de control social (Boiko, 2023; Camargo & Magnoni, 2020).

Los resultados evidencian que existe una relación directa entre el nivel de desarrollo del gobierno digital y la calidad de la participación ciudadana; esto es, en la medida que las plataformas digitales presentan una mayor interactividad y oportunidad de respuesta, la participación ciudadana será más activa. Tal afirmación ha corroborado el argumentado por Boiko (2023) y Shin et al. (2024): la infraestructura tecnológica hace facilitador del empoderamiento social y de la capacidad de control social.

De igual modo, Rodríguez (2017) señala que las plataformas que permiten diálogo, retroalimentación y codecisión fomentan una participación más activa y colaborativa. Sin embargo, muchos gobiernos aún utilizan redes sociales y sitios web de forma unidireccional, centradas en la difusión de información más que en la interacción efectiva con la comunidad.

Finalmente se identifican dos factores estructurales claves: la desigualdad territorial (los cantones rurales presentan mayores limitaciones en dotación de infraestructura, equipamentación y en la formación del personal) y la débil institucionalización de la participación ciudadana (los mecanismos digitales no se encuentran apoyados en normativa local y no cuentan con presupuestos adecuados, lo que los transforma en instrumentos aislados y de escasa sostenibilidad).

En este sentido, los hallazgos se identifican con lo manifestado por Boiko (2023) y Camargo y Magnoni (2020), en cuanto a que la digitalización, por sí sola, no garantiza una democracia participativa, si no se acompaña de procesos de fortalecimiento institucional, empoderamiento ciudadano y transformación cultural que habiliten un uso sustantivo de las herramientas digitales.

Conclusiones

Las conclusiones del estudio muestran que el proceso de digitalización de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales (GADCs) de Manabí se encuentra en una fase inicial, aunque con avances relevantes en la publicación de información, la actualización de contenidos y el uso de portales web para fortalecer la transparencia y el acceso a la información pública. La dimensión de gobierno digital presenta mejores desempeños en los componentes de presencia e interacción, mientras que la transacción en línea, pese a progresos en trámites y pagos digitales, todavía evidencia limitaciones en términos de facilidad de uso, cobertura y autonomía del ciudadano para completar procesos sin recurrir a la atención presencial.

En cuanto a la participación ciudadana digital, los resultados permiten afirmar que los niveles informativo y consultivo se encuentran relativamente más desarrollados, ya que se observan esfuerzos por difundir información, habilitar canales de consulta y recoger opiniones de la ciudadanía a través de medios digitales. Sin embargo, los niveles resolutivo y contralor presentan debilidades estructurales, expresadas en escasas oportunidades para la toma de decisiones vinculantes, la coejecución de proyectos y el ejercicio sistemático del control social en línea, lo que limita la consolidación de una democracia participativa soportada en entornos digitales.

De este modo, la investigación cumple su objetivo de diagnosticar el estado del gobierno digital y los niveles de participación ciudadana digital en los GADCs de Manabí, al evidenciar un modelo que privilegia la difusión de información y ciertos espacios consultivos, pero que aún no integra plenamente mecanismos digitales que permitan a la ciudadanía decidir, ejecutar y controlar las políticas públicas locales. El estudio aporta, en el plano teórico y metodológico, una operacionalización articulada de las dimensiones de gobierno digital (presencia, interacción, transacción) y de participación ciudadana digital (informativa, consultiva y propositiva, resolutiva y contralora), que puede ser replicada o adaptada en otros contextos locales. Asimismo, ofrece evidencia empírica actualizada sobre la realidad de los gobiernos cantonales de Manabí, enriqueciendo el campo de la gobernanza digital y la democracia participativa desde una perspectiva territorial.

A partir de los hallazgos, se recomienda a los GAD cantonales potenciar la infraestructura tecnológica y la conectividad, especialmente en territorios con mayores brechas, así como mejorar los mecanismos de atención en el medio digital, asegurando tiempos de respuesta oportunos, trazabilidad de las solicitudes y usabilidad de las plataformas. Resulta conveniente diseñar e implementar indicadores de rendimiento específicos sobre participación ciudadana digital, que permitan monitorear de manera sistemática el uso de los portales, la calidad de la interacción y el impacto de los mecanismos participativos. Del mismo modo, se sugiere desarrollar programas de alfabetización tecnológica dirigidos tanto a servidores públicos como a la ciudadanía, con énfasis en competencias para el uso de servicios digitales, la deliberación en línea y el ejercicio del control social.

Finalmente, se plantea la necesidad de impulsar espacios de co-creación y de control social digital que garanticen procesos inclusivos, transparentes y sostenibles, tales como plataformas para presupuestos participativos en línea, consultas vinculantes, observatorios ciudadanos y mecanismos de rendición de cuentas digitales. Estas acciones contribuyen a la construcción de un modelo de gobernanza digital más efectivo, participativo y orientado al fortalecimiento de la relación Estado–ciudadanía en el ámbito local. Futuras investigaciones pueden profundizar en estudios comparados entre provincias, incorporar la percepción directa de la ciudadanía usuaria de las plataformas digitales e integrar análisis cualitativos sobre las experiencias de participación en línea, con el fin de complementar la perspectiva institucional aquí adoptada.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de interés.

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